De acuerdo a los antecedentes recabados por Los Andes Online, el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y el OS-7, más el apoyo de la Prefectura Aereopolicial se pudieron identificar dos canchas con gran cantidad de matas de cannabis sativa ubicadas en el sector de Quebrada Gómez en la comuna de Catemu.
Ya con las coordenadas establecidas, agentes de esa unidad especializada se dirigieron por tierra hasta ese sector, logrando llegar a un improvisado campamento que era utilizado por los cuidadores de la plantación. (8.01.2024).
En ese lugar fueron encontradas un total de 1.373 matas de marihuana con una altura desde los 50 centímetros a 1,60 metros.
Además, en el campamento fue hallado un saco conteniendo 2 kilos 960 gramos de cannabis sativa a granel lista para su comercialización y gran cantidad de pesas digitales utilizadas para dosificar la droga.
También fueron descubiertos 185 cartuchos de escopeta de diversos calibres que los cuidadores mantenían para impedir cualquier intento de robo de la droga por parte de grupos rivales.
La plantación contaba con un sistema de riego tecnificado y estaba en un lugar de muy difícil acceso, imposible de ubicar, salvo con el apoyo aéreo.
Por la dificultad en el traslado de la droga y contando con la autorización judicial correspondiente se hizo la quema de las plantas en el mismo lugar.
Cuando los agentes del OS-7 realizaban esta labor fueron atacados a tiros por al menos cuatro sujetos que también serían cuidadores de la plantación, debiendo hacer uso de sus armas de servicio para repeler la agresión.
En este enfrentamiento no hubo Carabineros lesionados, siendo finalmente detenidos dos cuidadores de la plantación identificados como E.N.Q.T., de 19 años y J.F.O.E., de 36, ambos con antecedentes y residentes en la misma comuna de Catemu.
Los dos imputados pasaron a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe donde el fiscal Benjamín Santibáñez Contreras los formalizó por los delitos de tráfico de drogas, cultivo de estupefacientes y tenencia ilegal de municiones.
Por la multiplicidad de delitos y alta pena asignada a estos, el persecutor pidió al tribunal aplicar la medida cautelar de prisión preventiva.
Con los antecedentes expuestos latamente en la audiencia, el magistrado Bernardo Bustamante Velozo consideró su libertad como un peligro para la seguridad de la sociedad, además de un inminente peligro de fuga, por lo que acogió la petición de la fiscalía y decretó su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe.
Además, estableció un plazo de setenta días para el cierre de la investigación.
Fuente: Aconcagua online
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