Catemu, 3 de diciembre de 2025.
En sesión del concejo municipal, el SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, Alex Galleguillos, expuso los principales alcances del Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) recientemente publicado en el Diario Oficial el 23 de octubre de 2025, mediante Decreto Supremo del Ministerio del Medio Ambiente. La presentación abordó las medidas relacionadas con la calefacción residencial, una de las mayores preocupaciones de la comunidad catemina.
800 subsidios para Catemu y 4.804 viviendas sin apoyo
El SEREMI confirmó la existencia de un programa regional de recambio de calefactores eléctricos, que contempla 10.000 equipos para la Región de Valparaíso, de los cuales 800 serán asignados a Catemu.
Sin embargo, según el Censo 2024, la comuna registra 5.604 viviendas, lo que implica que solo un 14,3% de los hogares podría acceder al subsidio durante los cuatro años de implementación del programa.
Galleguillos explicó que el sector urbano estará obligado a reemplazar sus calefactores a leña, mientras que en el sector rural el recambio no será obligatorio, aunque las familias podrán igualmente postular al beneficio. El valor comercial de los equipos eléctricos oscila entre $1.000.000 y $1.300.000, pero los hogares seleccionados solo deberán aportar un copago de $20.000, sin exigencias excluyentes en el Registro Social de Hogares, según indicó la autoridad.

Prohibiciones y fiscalización: lo que establece el decreto
El Decreto Supremo fija medidas estrictas para el uso de calefacción en el sector urbano entre los meses de mayo y agosto:
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Artículo 44: Prohíbe el uso de chimeneas de hogar abierto y de combustibles como carbón mineral, carbón vegetal, residuos, madera impregnada o leña de frutales. La fiscalización estará a cargo de la Seremi de Salud.
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Artículo 45: Prohíbe calefactores a leña en locales comerciales, edificios públicos, establecimientos educacionales y centros de salud. La fiscalización la realizará la Superintendencia del Medio Ambiente.
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Artículo 46: A 48 meses de la entrada en vigencia del decreto, quedarán prohibidos todos los calefactores que no cumplan con la norma de emisión DS 39/2011. Su control también corresponderá a la Seremi de Salud.
Además, en un plazo de un año las municipalidades deberán dictar una ordenanza con apoyo del Ministerio del Medio Ambiente. Ordenanza que genera preocupación en la comunidad, de como abordará las viviendas que queden fuera del recambio.
Incertidumbre sobre sanciones y dudas en familias vulnerables
Pese a detallar las prohibiciones del plan, el SEREMI no precisó qué sanciones económicas podrían enfrentar las familias que no logren realizar la transición hacia calefacción eléctrica, ya sea por falta de cupos, problemas económicos o imposibilidad técnica en sus viviendas.
Vecinos manifestaron su preocupación, ya que muchos hogares dependen de la leña como única fuente de calefacción accesible y viven en viviendas antiguas, sin aislación térmica ni instalaciones eléctricas capaces de soportar nuevos equipos.
Riesgo de desigualdad energética
Vecinos advierten que, sin un plan integral para quienes queden fuera del subsidio, el PDA podría profundizar brechas sociales.
Entre las barreras más comunes que podrían impedir el recambio se mencionan:
- Falta de cupos y requisitos administrativos
- Instalaciones eléctricas deficientes, cuyo mejoramiento cuesta entre $150.000 y $500.000
- Viviendas sin aislación térmica, lo que dispararía la cuenta eléctrica
- Dificultades de traslado en zonas rurales para validar equipos antiguos
Estas condiciones podrían dejar a cientos de familias en la disyuntiva de cumplir una norma ambiental que materialmente no pueden costear, exponiéndolas a eventuales sanciones o a seguir utilizando leña en condiciones no permitidas.
Un debate abierto en Catemu
Se valora los objetivos ambientales del PDA, pero se pide claridad sobre los planes de apoyo para quienes no puedan asumir los costos del recambio, así como la definición oficial de multas y fiscalización.
Mientras se avanza en la implementación del plan, se espera que el desafío central sea garantizar que las políticas ambientales no profundicen la desigualdad energética en la comuna.
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