Sobre el papel, el documento incorpora conceptos modernos como vigilancia comunal por polígonos, coordinación comunitaria, televigilancia, mediación vecinal y trabajo conjunto con Carabineros. Sin embargo, el plan también deja varias interrogantes relevantes respecto a su viabilidad real y capacidad de ejecución.
Uno de los puntos más llamativos es que el presupuesto total asciende a $110 millones, pero $90 millones se destinan exclusivamente a contratación de personal, dejando apenas $20 millones para infraestructura, arriendo, equipamiento y operación general. Considerando que el proyecto contempla drones, cámaras corporales, radios, alarmas comunitarias, televigilancia y hasta tótems de seguridad rurales, el monto asignado a implementación parece reducido frente a las expectativas que el propio documento genera.
También resulta discutible la escasa profundidad financiera del plan. El documento entrega montos globales, pero no detalla costos operativos, mantención de vehículos, combustible, tecnología, softwares, conectividad o reposición de equipos. Tampoco existe claridad sobre cuánto costará mantener el sistema una vez finalizado el período junio 2026 – marzo 2027.
Otro aspecto que puede generar debate es la fuerte dependencia del convenio OS-14 y de la disponibilidad de personal de Carabineros para realizar patrullajes mixtos. En la práctica, muchos municipios enfrentan limitaciones justamente por la falta de dotación policial, por lo que gran parte de la efectividad del modelo dependerá de factores externos que la municipalidad no controla directamente.
A nivel político, el protagonismo del director de Seguridad Pública, Daniel Muñoz Pereira (oriundo de Panquehue y militante del PPD), también podría abrir cuestionamientos respecto al componente técnico versus político del proyecto, especialmente considerando que la seguridad se ha transformado en uno de los temas más sensibles para la ciudadanía y una prioridad comunicacional para muchas administraciones municipales.
Pese a ello, el documento sí evidencia una intención de profesionalizar el área de seguridad comunal, algo que históricamente ha sido una deuda en varias comunas pequeñas del Valle del Aconcagua. La verdadera evaluación del programa, sin embargo, no estará en el diseño del plan ni en sus objetivos escritos, sino en si logra traducirse en mayor presencia comunal, respuesta efectiva y reducción concreta de la sensación de inseguridad que hoy afecta a muchos vecinos de Catemu.
Otro aspecto que puede generar debate es la fuerte dependencia del convenio OS-14 y de la disponibilidad de personal de Carabineros para realizar patrullajes mixtos. En la práctica, muchos municipios enfrentan limitaciones justamente por la falta de dotación policial, por lo que gran parte de la efectividad del modelo dependerá de factores externos que la municipalidad no controla directamente.
A nivel político, el protagonismo del director de Seguridad Pública, Daniel Muñoz Pereira (oriundo de Panquehue y militante del PPD), también podría abrir cuestionamientos respecto al componente técnico versus político del proyecto, especialmente considerando que la seguridad se ha transformado en uno de los temas más sensibles para la ciudadanía y una prioridad comunicacional para muchas administraciones municipales.
Pese a ello, el documento sí evidencia una intención de profesionalizar el área de seguridad comunal, algo que históricamente ha sido una deuda en varias comunas pequeñas del Valle del Aconcagua. La verdadera evaluación del programa, sin embargo, no estará en el diseño del plan ni en sus objetivos escritos, sino en si logra traducirse en mayor presencia comunal, respuesta efectiva y reducción concreta de la sensación de inseguridad que hoy afecta a muchos vecinos de Catemu.
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