Por Paulina Toro y Nicolás Massai D.
En febrero de este año (2023), el exdirector de la corporación municipal que administra el Centro Cultural de Las Condes, Francisco Javier Court Silva, hizo efectiva una cláusula de su contrato que le permitió cobrar una indemnización sin tope de años y en UF. CIPER comprobó que inicialmente pactó un pago, por renuncia o despido, equivalente a 36 sueldos. En 2014 la cláusula fue reemplazada por otra que estipulaba que esas remuneraciones se convertirían en 6.350 UF, las que entonces equivalían a unos $150 millones. En nueve años esa cifra aumentó en casi $100 millones. CIPER revisó este y otros nueve casos en que, al interior de corporaciones que reciben financiamiento municipal, se acordaron indemnizaciones especiales, con montos millonarios, a todo evento y solo para algunos directivos.
El 6 de febrero de este año, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, firmó el finiquito del director de la Corporación Cultural de esa comuna, Francisco Javier Court Silva. En ese documento quedó estipulada la cantidad que la municipalidad le pagó por concepto de indemnización: $240 millones que ese mismo día se liquidaron en dos cheques; uno por $189 millones y otro por $51 millones.
Este tipo de corporaciones, aunque reciben recursos de las municipalidades, son entidades privadas y no públicas. Por eso, y a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios municipales, la relación laboral de Court no se regía por el Estatuto Administrativo, sino por el Código el Trabajo. Las normas laborales que rigen para los empleados de empresas privadas, como Court, establecen una indemnización de un mes de remuneraciones por cada año de servicio prestado al empleador, con un tope de 11 años. La cantidad se calcula a partir de un promedio de los últimos seis pagos que percibió el trabajador y también se establece un tope máximo para esas remuneraciones mensuales: 90 UF (equivalentes a unos $3,3 millones).
En el caso de Court, trabajó por 40 años para la corporación y sus últimos sueldos eran cercanos a los $8 millones. Si hubiese recibido el tope de 11 sueldos como cualquier otro empleado particular, la habrían correspondido alrededor de $88 millones. Pero, él contaba con una cláusula especial. Y CIPER, que tuvo acceso a su contrato de trabajo y los anexos, la revisó.
Como máxima autoridad del centro cultural, Court gozaba de una cláusula de indemnización que se adoptó en 1992 y que fue modificada en 2014, lo que hizo posible que superara el tope establecido por la ley. CIPER pidió por Ley de Transparencia a la Municipalidad de Las Condes, todas las indemnizaciones que fueron pagadas por la corporación en el periodo 2015-2023. Tras revisar la respuesta, constatamos que le sigue en magnitud es de $28 millones, cerca de $212 millones menos.
Sin embargo, CIPER confirmó con la corporación municipal que en 2014 hubo otro finiquito millonario que contenía una cláusula especial y que era de una cercana colaboradora de Court: Carmen Puelma, administradora de la corporación, quien accedió a más de $100 millones en indemnización.
Desde la alcaldía señalaron a CIPER que estas cláusulas especiales, también llamadas “convencionales”, ya no existen bajo la administración de la alcaldesa Peñaloza: “Esta administración, desde que asumió, tomó la definición de que los contratos de trabajo en las Corporaciones y Junta de Alcaldes (la corporación que administra el Parque Padre Hurtado) debían responder a las condiciones de indemnización que determina el Código del Trabajo. Sin excepciones”. Según agregaron, la indemnización de Court se habría pagado con recursos propios de la corporación, asegurando que no provenían de las subvenciones municipales.
La Corporación Cultural de Las Condes se financia casi en su totalidad con fondos públicos. Según sus memorias de 2022, a la vista en Transparencia Activa, se sostuvo ese año en un 83,2% gracias a recursos municipales: $5.000 millones provenientes del Estado. El mismo documento indica que los ingresos propios de la corporación sumaron $966 millones. Esto significa que la indemnización de Court equivale a casi el 25% de los ingresos propios que tuvo la corporación en 2022.
Según pudo verificar CIPER, aparte de Court, al menos nueve personas con altos cargos en distintas corporaciones ligadas a las municipalidades de Ñuñoa, Macul y Las Condes, se han beneficiado de indemnizaciones “convencionales”, las que generan montos superiores a los que establece por años de servicios el Código del Trabajo. El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ha comparado esas indemnizaciones con las que se entregan en empresas mineras. La diferencia es que en las corporaciones municipales se manejan platas públicas. Además, la resistencia a pagar lo estipulado en estas cláusulas, cuando las nuevas autoridades comunales son de un signo político distinto al del empleado de la corporación, ha generado disputas en tribunales laborales que CIPER tuvo a la vista.
Fue en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el 1 de junio del año pasado, cuando el contralor Bermúdez hizo alusión a las millonarias indemnizaciones pactadas en algunas corporaciones municipales. Lo hizo mientras describía los manejos de recursos públicos sin control que se hacían al interior de estas entidades:
“Puede contratar si quiere con su hermano, con su primo, puede autocontratarse si quiere. Puede pagarse millonarias indemnizaciones cuando deja de trabajar, como ha ocurrido en las corporaciones. El año pasado, cuando hubo muchos cambios en los gobiernos locales, ¡la cantidad de recursos que se pagaron en las corporaciones sin límite por indemnizaciones! Porque se habían agregado anexos a los contratos de trabajo. Se pagaron millonarias indemnizaciones a las personas que dejaban un cargo. Sin causal, por la sola renuncia, como si fuera una minera” (vea el extracto de su declaración aquí).
El antecedente más próximo fue la controversia que en 2021 levantó la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD). A su llegada a la municipalidad denunció que en la administración anterior, de Andrés Zarhi (UDI), se pactaron millonarios montos en indemnizaciones, disputa que se encuentra judicializada.
Respondiendo consultas para este artículo, Ríos dijo a CIPER que, a su juicio, las corporaciones municipales se transformaron en cajeros automáticos:
“Durante años hemos visto que administraciones municipales han utilizado las corporaciones como verdaderos cajeros automáticos, donde han malversado dineros públicos sin control. En el caso de Ñuñoa nos encontramos con indemnizaciones a todo evento y acumulación fraudulenta de vacaciones para obtener pagos en exceso, autorizadas por el exalcalde Andrés Zarhi, lo que terminó en que contraloría ordenara un juicio de cuentas para restablecer los dineros y se remitieran los datos al Ministerio Público para establecer responsabilidades penales. Este modus operandi debe terminar. El dinero de las corporaciones son fondos públicos que pertenecen a las y los vecinos”, dijo la alcaldesa de Ñuñoa.
Juan José Lyon, periodista de investigación que acreditó nexos políticos y pagos irregulares en Las Condes junto a América Transparente, explica lo siguiente:
“Con esas cláusulas no se entiende a quién le están cuidando la plata. Desde el punto de vista de los recursos públicos no tiene ningún sentido. Por responsabilidad con los recursos de los vecinos, lo que debió haber hecho la Corporación, que preside la alcaldesa, es haber pagado un mes por año con un máximo de 11 años, como es lo usual, y si el señor Court tiene una discrepancia esperar que él demande. Pero se debe cuidar los dineros públicos y no deberían haber pagado esa cláusula que es notoriamente abusiva”, dice.
Agrega un elemento adicional respecto a que en estas cláusulas hay un intento por asegurar el cargo a través de los años: “Lo que ofrecen estos contratos, es una especie de garantía. Porque se hace demasiado caro sacarlos, porque hay un precio, es muy caro sacarlo. Y por otro lado es un sobreseguro, es decir, si pasa cualquier cosa, no te preocupes que te vamos a pagara 40 años”.
CIPER tomó contacto con Francisco Court para preguntarle cómo, con quién y bajo qué argumentos pudo pactar estas cláusulas, además de consultarle sobre las razones que justificaron la contratación de familiares suyos en el Centro Cultural de Las Condes (vea esos casos en el siguiente subtítulo). Sin embargo, prefirió hacer solo un comentario:
“¿Sabe lo que pasa? A este país le falta educación. A este país le falta formación. Y si no nos preocupamos de que la cultura exista en la formación y en la educación, van a seguir saliendo los muchachos a la calle, van a seguir habiendo desmanes. Nosotros lo que hicimos fue darle una característica internacional al centro cultural. La verdad, lo digo con harta humildad: estoy muy orgulloso de lo que se hizo. Ahora, si no se entiende, el tiempo lo dirá”.
LAS CLÁUSULAS DE COURT
En 1992, Francisco Javier Court llevaba solo nueve años trabajando en la corporación que da vida al Centro Cultural de Las Condes. El alcalde de entonces, el radical Eduardo Jara Miranda (designado por el presidente Patricio Aylwin), a pocos meses de dejar la municipalidad en manos de Joaquín Lavín (UDI), elaboró un anexo de contrato donde se estipuló que el director de la corporación, en caso de ser despedido o se fuera por su propia voluntad, percibiría 36 remuneraciones como indemnización por años de servicio. La ley en esa época ya tenía el tope legal de 11 años. Lo pactado por Court y Jara no sólo excedía en 25 años el máximo estipulado por las normas, sino que superaba cuatro veces el periodo que Court llevaba trabajando en el centro cultural.
Luego, en 2014, bajo la administración de Francisco De la Maza (UDI), se repactó la cláusula para la indemnización de Court y se firmó un anexo de contrato. En este, las mismas 36 remuneraciones fueron calculadas en Unidades de Fomento: el monto resultante fue de 6.350 UF. La indemnización, también a todo evento, para entonces equivalía $153 millones.
Cuando el exdirector del centro dejó la corporación en febrero de este año, el monto en UF ascendía a $226 millones, lo que sumado al pago por vacaciones pendientes y otros ítems, completaron los $240 millones.
En 2021, América Transparente denunció los altos montos de remuneraciones que se pagaron desde el Centro Cultural de Las Condes a personas con nexos políticos ligados a la UDI y a familiares de funcionarios de la misma corporación y municipalidad. Entre esas remuneraciones estaban los servicios de difusión y redes de un hijo de Francisco Court, Maximiliano Court Rivera. Según ese reportaje, $2,3 millones percibía mensualmente el hijo del director del centro cultural. Además, la cónyuge de Court, la artista Patricia Rivera Andueza, impartía talleres en el lugar donde su marido era director. Sus boletas registradas son cercanas a los $300 mil mensuales.
Rivera, al igual que Court, estudió arte en la Universidad Católica. Ella se especializa en la técnica de esmalte sobre metal. Y según testigos, no solo impartía los talleres, también disponía de un lugar en forma permanente al interior del centro cultural. Ahí mantenía sus hornos, herramientas y parte de sus obras.
Domingo Arrieta, exdiseñador gráfico del centro cultural, trabajó con Court durante nueve años y explica un incómodo momento vivido con él:
“En el año 2013 quiso obligarme a diseñar gratis una portada de un disco de villancicos de Los Huasos Quincheros. Yo me negué y por primera vez aduje motivos éticos e ideológicos para no hacerlo. Al día siguiente irrumpió en mi oficina acompañado por dos de los integrantes de Los Huasos Quincheros: Benjamín Mackenna y Rodrigo Zegers. Primero de buenas maneras me volvieron a pedir que les hiciera la portada. Al negarme por segunda vez, el tono se fue endureciendo y tanto Court como Benjamín Mackenna, que en esa época era miembro del directorio de la Corporación, me hicieron notar que me podían hacer la vida difícil”.
Arrieta y otros extrabajadores del lugar, también afirman que, en ocasiones, jardineros pagados por la corporación debían acudir a la casa del director, ubicada en la comuna de Huechuraba, para mejorar sus jardines.
CIPER preguntó a Court por estas acusaciones, pero no quiso dar una respuesta para ser publicada.
OTRAS COMUNAS
El caso de Court no es único y no sucede solo en Las Condes.
Según fuentes consultadas por CIPER, la Contraloría ha revisado en profundidad el uso de este tipo de cláusulas en contratos de altos cargos de corporaciones municipales. Pero, los fiscalizadores siempre llegan a la misma conclusión: sus facultades no corren para inspeccionar relaciones laborales que se rigen por el Código del Trabajo. Solo se limita a verificar que la documentación sea correcta: respaldo de asistencia, días libres, horas extras y vacaciones, por ejemplo, además de verificar si existe alguna cláusula convencional en el contrato.
CIPER constató que al menos nueve personas ligadas a corporaciones que reciben subvención de municipalidades han pactado cláusulas convencionales que poseen tratos especiales: cuatro en Ñuñoa, dos en Macul y otra que se vincula a Las Condes.
En la revisión de estos casos, también detectamos que, junto con estas cláusulas, se ejecutan otras acciones que apuntan a engrosar las indemnizaciones. Por ejemplo, para indemnizar a funcionarios públicos que han trabajado bajo el estatuto administrativo, son traspasados a alguna corporación al menos por seis meses. En algunas ocasiones se les aumenta el sueldo por un corto plazo, para que su promedio de remuneraciones, sobre el cual se calcula la indemnización, genere una cifra más alta.
Seis días antes de asumir como alcaldesa de Ñuñoa en 2021, la militante de RD, Emilia Ríos, le envió una carta al entonces alcalde Andrés Zarhi. Fue en las semanas de transición entre ambas administraciones que Ríos se había enterado de supuestos movimientos contractuales al interior de las corporaciones ligadas a la comuna y le pidió explicaciones a su antecesor:
“En las tres corporaciones que usted dirige (Desarrollo Social, Cultura y Deporte) la plana directiva ha suscrito en su favor, y sin ninguna autorización del directorio respectivo, una serie de modificaciones a los contratos de trabajo, incorporando cláusulas de indemnización a todo evento y sin topes legales, de carácter exorbitante” (vea esa carta).
Cuando ya era alcaldesa, Ríos presentó una denuncia en la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, para que se investigaran indemnizaciones en tres casos que, a su juicio, contenían cláusulas abusivas. CIPER detectó otros tres en la misma comuna de Ñuñoa. Además, comprobamos que dos exempleadas de la Corporación de Desarrollo Social de Macul reclamaron ante tribunales que no se les habían respetado sus cláusulas convencionales. Asimismo, en la Junta de Alcaldes, entidad ligada a la Municipalidad de Las Condes, su exadministrador demandó por algo parecido.
Estos son los nueve casos:
1) Ludwig Bornand Manaka: entre mayo de 2018 y abril de 2019, bajo la administración del Andrés Zarhi (UDI), Bornand fue director jurídico de la Municipalidad de Ñuñoa y luego, hasta la llegada de Emilia Ríos en 2021, fue contratado en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. Cuando solo llevaba un año en la corporación, firmó un anexo de contrato que estableció que en caso de desvinculación, se le pagaría “una indemnización adicional a todo evento equivalente a seis meses de remuneración calculados sobre la base del promedio de las seis últimas remuneraciones brutas”.
Tras dejar el cargo, Bornand interpuso una demanda laboral ante el 2° Juzgado de Letras de Santiago porque la administración de Ríos no le pagó lo indicado en la cláusula ($38,1 millones). En una situación normal, a Bornand le habrían correspondido solo dos meses de remuneraciones por años de servicio, más feriados legales, lo que equivaldría a $20 millones, según se señala en la causa. En un fallo de primera instancia, el tribunal cuestionó la indemnización, argumentando que el profesional había suscrito esas condiciones con el secretario general de la corporación, sin que este tuviera facultades para hacerlo. Hoy la causa está en la Corte de Apelaciones.
2) Verónica Farfán Pizarro, exdirectora de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Fue desvinculada en 2021 por la nueva administración. En 2019, cuando llevaba seis años en la corporación, pactó una cláusula con el entonces alcalde Zarhi. Esta decía lo siguiente: “Las partes acuerdan que, sin perjuicio de las indemnizaciones legales, la corporación empleadora pagará a la directora gerente, al término de la relación laboral, una indemnización especial a todo evento equivalente a ocho meses de remuneraciones, calculada sobre la base del promedio de las últimas seis remuneraciones enteradas. Las indemnizaciones legales que conjuntamente deberán enterarse en favor de la trabajadora, lo serán sin tope de ninguna especie”.
El 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago determinó que no había “prueba suficiente para determinar la existencia de la nulidad” de esta cláusula, por lo que la corporación debía pagar $41 millones adicionales a Farfán. Pero, la causa hoy está en la Corte de Apelaciones de Santiago.
3) Tania Alvarado estuvo dos años trabajando en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa: ingresó el 23 de noviembre de 2016 y se fue el 27 de octubre de 2018. Pero según su finiquito, su contrato y anexos, como exsecretaria general de la corporación tenía una indemnización pactada que contemplaba el pago de seis remuneraciones. De acuerdo con datos publicados en transparencia, su último sueldo fue de casi $5 millones y su indemnización de $45 millones.
4) Axel Müller: en 2001, cuando llevaba solo tres años en la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, Müller firmó una cláusula por la que le serían pagados 12 sueldos aparte de la indemnización convencional por años de servicio. En 2015 fue indemnizado con $74 millones. Por los años de servicios le correspondían $25 millones y por las 12 remuneraciones pactadas, otros $27 millones. Días de vacaciones, además de un monto que sustituye el aviso previo y 22 días que supuestamente le debían de noviembre de 2015, completan la cifra.
5) El caso de Roberto Stern Elfenbein, exdirectivo de salud de la corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, es distinto. El 1 de julio de 2020, tras salir de su cargo de planta en la Municipalidad de Ñuñoa, Stern fue contratado por la corporación contraviniendo la disposición que prohíbe que funcionarios acogidos a retiro voluntario puedan ser recontratados. De hecho, en el caso de Stern había recibido $180 millones por su retiro. Antes de que llegara la alcaldesa Ríos, Stern fue finiquitado por la corporación, percibiendo otros $51 millones. Sumando los dos finiquitos, el médico recibió un total de $231 millones. De esa suma, la Contraloría objetó $90 millones ($39 millones de lo percibido en su primer retiro y los $51 millones por su salida de la corporación), porque faltaban algunos respaldos.
6) José Palma Vega fue secretario general de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa desde mayo de 2019. Tenía un contrato con cláusula de indemnización a todo evento, que incluía el pago de ocho remuneraciones al salir de su cargo. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, su sueldo subió de $6,8 millones a $7,3 millones. Palma también trabajó antes en la Municipalidad de Ñuñoa, donde había sido director de Educación.
7) Verónica Kojacovic demandó a la Corporación de Desarrollo de Macul porque no le respetaron su cláusula convencional sin tope y a todo evento, pactada en 2011 bajo la administración del alcalde Sergio Puyol (DC). Kojacovic había ingresado en 1997 a la entidad y fue despedida en septiembre de 2016. Su última remuneración era de $4,4 millones por lo que su indemnización por 19 años ascendía a $84 millones.
En su caso, el tribunal rechazó su petición porque estimó que este tipo de pactos no pueden ser suscritos por corporaciones municipales que operan con fondos públicos. El fallo explica que estas cláusulas “encuentran su origen en una convención que implica una libertad de disposición patrimonial de la que carecen quienes administran fondos públicos (…). En nada altera lo antes señalado, el hecho de ser la Corporación una entidad de derecho privado como alega la demandante, ya que los fondos que maneja, son de origen público y éstos no pierden su característica de tal, por el traspaso que se hace de ellos a dicha institución”.
8) María Isabel Zwingel ingresó en 2008 a la Corporación de Desarrollo Social de Macul. En 2011, con solo tres años en su cargo, pactó una cláusula convencional por 11 remuneraciones a todo evento. Eso ocurrió un día antes que el alcalde Sergio Puyol (DC) dejara la municipalidad tras perder con su sucesor, Gonzalo Montoya (Ind). Zwingel alegó ante tribunales que no se le respetaron sus 11 años pactados, sino solo los ocho que trabajó. El tribunal no acogió su solicitud.
9) Pedro Páez Ceroni, el exvicepresidente de la UDI que socorrió a Jaime Guzmán el día que le dispararon en 1991, fue quien administró la Junta de Alcaldes, entidad que administra el Parque Padre Hurtado, durante 21 años. Esta corporación de derecho privado ha llegado a recibir subvenciones de hasta $6 mil millones anuales desde la Municipalidad de Las Condes. Si bien en su directorio participan también los alcaldes de La Reina y Providencia, Las Condes es la única que transfiere recursos. La Junta de Alcaldes firmó con esa municipalidad un convenio para, además de administrar el Parque Padre Hurtado, encargarse de la mantención de otros parques de Las Condes.
Según consta en la demanda laboral de Páez ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, desde su ingreso a la Junta de Alcaldes en 2001 mantuvo una cláusula convencional de pago de indemnización “a todo evento” que decía que se pagaría “un mes del total de la remuneración vigente por año de servicio”.
El directorio contrató a un abogado para defenderse en tribunales sobre la cláusula aludida. Porque de esa frase, Páez creía que le iban a pagar los 22 años que trabajó en el parque, mientras que las municipalidades interpretan que debe considerarse el límite de legal de 11 años. Páez sigue discutiendo ante tribunales que su finiquito no era de $52 millones, como se le pagaron, sino de cerca de $200 millones.
Sin embargo, CIPER confirmó con la corporación municipal que en 2014 hubo otro finiquito millonario que contenía una cláusula especial y que era de una cercana colaboradora de Court: Carmen Puelma, administradora de la corporación, quien accedió a más de $100 millones en indemnización.
Desde la alcaldía señalaron a CIPER que estas cláusulas especiales, también llamadas “convencionales”, ya no existen bajo la administración de la alcaldesa Peñaloza: “Esta administración, desde que asumió, tomó la definición de que los contratos de trabajo en las Corporaciones y Junta de Alcaldes (la corporación que administra el Parque Padre Hurtado) debían responder a las condiciones de indemnización que determina el Código del Trabajo. Sin excepciones”. Según agregaron, la indemnización de Court se habría pagado con recursos propios de la corporación, asegurando que no provenían de las subvenciones municipales.
La Corporación Cultural de Las Condes se financia casi en su totalidad con fondos públicos. Según sus memorias de 2022, a la vista en Transparencia Activa, se sostuvo ese año en un 83,2% gracias a recursos municipales: $5.000 millones provenientes del Estado. El mismo documento indica que los ingresos propios de la corporación sumaron $966 millones. Esto significa que la indemnización de Court equivale a casi el 25% de los ingresos propios que tuvo la corporación en 2022.
Según pudo verificar CIPER, aparte de Court, al menos nueve personas con altos cargos en distintas corporaciones ligadas a las municipalidades de Ñuñoa, Macul y Las Condes, se han beneficiado de indemnizaciones “convencionales”, las que generan montos superiores a los que establece por años de servicios el Código del Trabajo. El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ha comparado esas indemnizaciones con las que se entregan en empresas mineras. La diferencia es que en las corporaciones municipales se manejan platas públicas. Además, la resistencia a pagar lo estipulado en estas cláusulas, cuando las nuevas autoridades comunales son de un signo político distinto al del empleado de la corporación, ha generado disputas en tribunales laborales que CIPER tuvo a la vista.
Fue en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el 1 de junio del año pasado, cuando el contralor Bermúdez hizo alusión a las millonarias indemnizaciones pactadas en algunas corporaciones municipales. Lo hizo mientras describía los manejos de recursos públicos sin control que se hacían al interior de estas entidades:
“Puede contratar si quiere con su hermano, con su primo, puede autocontratarse si quiere. Puede pagarse millonarias indemnizaciones cuando deja de trabajar, como ha ocurrido en las corporaciones. El año pasado, cuando hubo muchos cambios en los gobiernos locales, ¡la cantidad de recursos que se pagaron en las corporaciones sin límite por indemnizaciones! Porque se habían agregado anexos a los contratos de trabajo. Se pagaron millonarias indemnizaciones a las personas que dejaban un cargo. Sin causal, por la sola renuncia, como si fuera una minera” (vea el extracto de su declaración aquí).
Centro Cultural de Las Condes
El antecedente más próximo fue la controversia que en 2021 levantó la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD). A su llegada a la municipalidad denunció que en la administración anterior, de Andrés Zarhi (UDI), se pactaron millonarios montos en indemnizaciones, disputa que se encuentra judicializada.
Respondiendo consultas para este artículo, Ríos dijo a CIPER que, a su juicio, las corporaciones municipales se transformaron en cajeros automáticos:
“Durante años hemos visto que administraciones municipales han utilizado las corporaciones como verdaderos cajeros automáticos, donde han malversado dineros públicos sin control. En el caso de Ñuñoa nos encontramos con indemnizaciones a todo evento y acumulación fraudulenta de vacaciones para obtener pagos en exceso, autorizadas por el exalcalde Andrés Zarhi, lo que terminó en que contraloría ordenara un juicio de cuentas para restablecer los dineros y se remitieran los datos al Ministerio Público para establecer responsabilidades penales. Este modus operandi debe terminar. El dinero de las corporaciones son fondos públicos que pertenecen a las y los vecinos”, dijo la alcaldesa de Ñuñoa.
Juan José Lyon, periodista de investigación que acreditó nexos políticos y pagos irregulares en Las Condes junto a América Transparente, explica lo siguiente:
“Con esas cláusulas no se entiende a quién le están cuidando la plata. Desde el punto de vista de los recursos públicos no tiene ningún sentido. Por responsabilidad con los recursos de los vecinos, lo que debió haber hecho la Corporación, que preside la alcaldesa, es haber pagado un mes por año con un máximo de 11 años, como es lo usual, y si el señor Court tiene una discrepancia esperar que él demande. Pero se debe cuidar los dineros públicos y no deberían haber pagado esa cláusula que es notoriamente abusiva”, dice.
Agrega un elemento adicional respecto a que en estas cláusulas hay un intento por asegurar el cargo a través de los años: “Lo que ofrecen estos contratos, es una especie de garantía. Porque se hace demasiado caro sacarlos, porque hay un precio, es muy caro sacarlo. Y por otro lado es un sobreseguro, es decir, si pasa cualquier cosa, no te preocupes que te vamos a pagara 40 años”.
CIPER tomó contacto con Francisco Court para preguntarle cómo, con quién y bajo qué argumentos pudo pactar estas cláusulas, además de consultarle sobre las razones que justificaron la contratación de familiares suyos en el Centro Cultural de Las Condes (vea esos casos en el siguiente subtítulo). Sin embargo, prefirió hacer solo un comentario:
“¿Sabe lo que pasa? A este país le falta educación. A este país le falta formación. Y si no nos preocupamos de que la cultura exista en la formación y en la educación, van a seguir saliendo los muchachos a la calle, van a seguir habiendo desmanes. Nosotros lo que hicimos fue darle una característica internacional al centro cultural. La verdad, lo digo con harta humildad: estoy muy orgulloso de lo que se hizo. Ahora, si no se entiende, el tiempo lo dirá”.
LAS CLÁUSULAS DE COURT
En 1992, Francisco Javier Court llevaba solo nueve años trabajando en la corporación que da vida al Centro Cultural de Las Condes. El alcalde de entonces, el radical Eduardo Jara Miranda (designado por el presidente Patricio Aylwin), a pocos meses de dejar la municipalidad en manos de Joaquín Lavín (UDI), elaboró un anexo de contrato donde se estipuló que el director de la corporación, en caso de ser despedido o se fuera por su propia voluntad, percibiría 36 remuneraciones como indemnización por años de servicio. La ley en esa época ya tenía el tope legal de 11 años. Lo pactado por Court y Jara no sólo excedía en 25 años el máximo estipulado por las normas, sino que superaba cuatro veces el periodo que Court llevaba trabajando en el centro cultural.
Luego, en 2014, bajo la administración de Francisco De la Maza (UDI), se repactó la cláusula para la indemnización de Court y se firmó un anexo de contrato. En este, las mismas 36 remuneraciones fueron calculadas en Unidades de Fomento: el monto resultante fue de 6.350 UF. La indemnización, también a todo evento, para entonces equivalía $153 millones.
Cuando el exdirector del centro dejó la corporación en febrero de este año, el monto en UF ascendía a $226 millones, lo que sumado al pago por vacaciones pendientes y otros ítems, completaron los $240 millones.
En 2021, América Transparente denunció los altos montos de remuneraciones que se pagaron desde el Centro Cultural de Las Condes a personas con nexos políticos ligados a la UDI y a familiares de funcionarios de la misma corporación y municipalidad. Entre esas remuneraciones estaban los servicios de difusión y redes de un hijo de Francisco Court, Maximiliano Court Rivera. Según ese reportaje, $2,3 millones percibía mensualmente el hijo del director del centro cultural. Además, la cónyuge de Court, la artista Patricia Rivera Andueza, impartía talleres en el lugar donde su marido era director. Sus boletas registradas son cercanas a los $300 mil mensuales.
Francisco Javier Court (Fuente: El Líbero)
Domingo Arrieta, exdiseñador gráfico del centro cultural, trabajó con Court durante nueve años y explica un incómodo momento vivido con él:
“En el año 2013 quiso obligarme a diseñar gratis una portada de un disco de villancicos de Los Huasos Quincheros. Yo me negué y por primera vez aduje motivos éticos e ideológicos para no hacerlo. Al día siguiente irrumpió en mi oficina acompañado por dos de los integrantes de Los Huasos Quincheros: Benjamín Mackenna y Rodrigo Zegers. Primero de buenas maneras me volvieron a pedir que les hiciera la portada. Al negarme por segunda vez, el tono se fue endureciendo y tanto Court como Benjamín Mackenna, que en esa época era miembro del directorio de la Corporación, me hicieron notar que me podían hacer la vida difícil”.
Arrieta y otros extrabajadores del lugar, también afirman que, en ocasiones, jardineros pagados por la corporación debían acudir a la casa del director, ubicada en la comuna de Huechuraba, para mejorar sus jardines.
CIPER preguntó a Court por estas acusaciones, pero no quiso dar una respuesta para ser publicada.
OTRAS COMUNAS
El caso de Court no es único y no sucede solo en Las Condes.
Según fuentes consultadas por CIPER, la Contraloría ha revisado en profundidad el uso de este tipo de cláusulas en contratos de altos cargos de corporaciones municipales. Pero, los fiscalizadores siempre llegan a la misma conclusión: sus facultades no corren para inspeccionar relaciones laborales que se rigen por el Código del Trabajo. Solo se limita a verificar que la documentación sea correcta: respaldo de asistencia, días libres, horas extras y vacaciones, por ejemplo, además de verificar si existe alguna cláusula convencional en el contrato.
CIPER constató que al menos nueve personas ligadas a corporaciones que reciben subvención de municipalidades han pactado cláusulas convencionales que poseen tratos especiales: cuatro en Ñuñoa, dos en Macul y otra que se vincula a Las Condes.
En la revisión de estos casos, también detectamos que, junto con estas cláusulas, se ejecutan otras acciones que apuntan a engrosar las indemnizaciones. Por ejemplo, para indemnizar a funcionarios públicos que han trabajado bajo el estatuto administrativo, son traspasados a alguna corporación al menos por seis meses. En algunas ocasiones se les aumenta el sueldo por un corto plazo, para que su promedio de remuneraciones, sobre el cual se calcula la indemnización, genere una cifra más alta.
Seis días antes de asumir como alcaldesa de Ñuñoa en 2021, la militante de RD, Emilia Ríos, le envió una carta al entonces alcalde Andrés Zarhi. Fue en las semanas de transición entre ambas administraciones que Ríos se había enterado de supuestos movimientos contractuales al interior de las corporaciones ligadas a la comuna y le pidió explicaciones a su antecesor:
“En las tres corporaciones que usted dirige (Desarrollo Social, Cultura y Deporte) la plana directiva ha suscrito en su favor, y sin ninguna autorización del directorio respectivo, una serie de modificaciones a los contratos de trabajo, incorporando cláusulas de indemnización a todo evento y sin topes legales, de carácter exorbitante” (vea esa carta).
Cuando ya era alcaldesa, Ríos presentó una denuncia en la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, para que se investigaran indemnizaciones en tres casos que, a su juicio, contenían cláusulas abusivas. CIPER detectó otros tres en la misma comuna de Ñuñoa. Además, comprobamos que dos exempleadas de la Corporación de Desarrollo Social de Macul reclamaron ante tribunales que no se les habían respetado sus cláusulas convencionales. Asimismo, en la Junta de Alcaldes, entidad ligada a la Municipalidad de Las Condes, su exadministrador demandó por algo parecido.
Estos son los nueve casos:
1) Ludwig Bornand Manaka: entre mayo de 2018 y abril de 2019, bajo la administración del Andrés Zarhi (UDI), Bornand fue director jurídico de la Municipalidad de Ñuñoa y luego, hasta la llegada de Emilia Ríos en 2021, fue contratado en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. Cuando solo llevaba un año en la corporación, firmó un anexo de contrato que estableció que en caso de desvinculación, se le pagaría “una indemnización adicional a todo evento equivalente a seis meses de remuneración calculados sobre la base del promedio de las seis últimas remuneraciones brutas”.
Tras dejar el cargo, Bornand interpuso una demanda laboral ante el 2° Juzgado de Letras de Santiago porque la administración de Ríos no le pagó lo indicado en la cláusula ($38,1 millones). En una situación normal, a Bornand le habrían correspondido solo dos meses de remuneraciones por años de servicio, más feriados legales, lo que equivaldría a $20 millones, según se señala en la causa. En un fallo de primera instancia, el tribunal cuestionó la indemnización, argumentando que el profesional había suscrito esas condiciones con el secretario general de la corporación, sin que este tuviera facultades para hacerlo. Hoy la causa está en la Corte de Apelaciones.
2) Verónica Farfán Pizarro, exdirectora de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Fue desvinculada en 2021 por la nueva administración. En 2019, cuando llevaba seis años en la corporación, pactó una cláusula con el entonces alcalde Zarhi. Esta decía lo siguiente: “Las partes acuerdan que, sin perjuicio de las indemnizaciones legales, la corporación empleadora pagará a la directora gerente, al término de la relación laboral, una indemnización especial a todo evento equivalente a ocho meses de remuneraciones, calculada sobre la base del promedio de las últimas seis remuneraciones enteradas. Las indemnizaciones legales que conjuntamente deberán enterarse en favor de la trabajadora, lo serán sin tope de ninguna especie”.
El 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago determinó que no había “prueba suficiente para determinar la existencia de la nulidad” de esta cláusula, por lo que la corporación debía pagar $41 millones adicionales a Farfán. Pero, la causa hoy está en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Corporación Cultural de Ñuñoa
3) Tania Alvarado estuvo dos años trabajando en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa: ingresó el 23 de noviembre de 2016 y se fue el 27 de octubre de 2018. Pero según su finiquito, su contrato y anexos, como exsecretaria general de la corporación tenía una indemnización pactada que contemplaba el pago de seis remuneraciones. De acuerdo con datos publicados en transparencia, su último sueldo fue de casi $5 millones y su indemnización de $45 millones.
4) Axel Müller: en 2001, cuando llevaba solo tres años en la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, Müller firmó una cláusula por la que le serían pagados 12 sueldos aparte de la indemnización convencional por años de servicio. En 2015 fue indemnizado con $74 millones. Por los años de servicios le correspondían $25 millones y por las 12 remuneraciones pactadas, otros $27 millones. Días de vacaciones, además de un monto que sustituye el aviso previo y 22 días que supuestamente le debían de noviembre de 2015, completan la cifra.
5) El caso de Roberto Stern Elfenbein, exdirectivo de salud de la corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, es distinto. El 1 de julio de 2020, tras salir de su cargo de planta en la Municipalidad de Ñuñoa, Stern fue contratado por la corporación contraviniendo la disposición que prohíbe que funcionarios acogidos a retiro voluntario puedan ser recontratados. De hecho, en el caso de Stern había recibido $180 millones por su retiro. Antes de que llegara la alcaldesa Ríos, Stern fue finiquitado por la corporación, percibiendo otros $51 millones. Sumando los dos finiquitos, el médico recibió un total de $231 millones. De esa suma, la Contraloría objetó $90 millones ($39 millones de lo percibido en su primer retiro y los $51 millones por su salida de la corporación), porque faltaban algunos respaldos.
6) José Palma Vega fue secretario general de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa desde mayo de 2019. Tenía un contrato con cláusula de indemnización a todo evento, que incluía el pago de ocho remuneraciones al salir de su cargo. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, su sueldo subió de $6,8 millones a $7,3 millones. Palma también trabajó antes en la Municipalidad de Ñuñoa, donde había sido director de Educación.
7) Verónica Kojacovic demandó a la Corporación de Desarrollo de Macul porque no le respetaron su cláusula convencional sin tope y a todo evento, pactada en 2011 bajo la administración del alcalde Sergio Puyol (DC). Kojacovic había ingresado en 1997 a la entidad y fue despedida en septiembre de 2016. Su última remuneración era de $4,4 millones por lo que su indemnización por 19 años ascendía a $84 millones.
En su caso, el tribunal rechazó su petición porque estimó que este tipo de pactos no pueden ser suscritos por corporaciones municipales que operan con fondos públicos. El fallo explica que estas cláusulas “encuentran su origen en una convención que implica una libertad de disposición patrimonial de la que carecen quienes administran fondos públicos (…). En nada altera lo antes señalado, el hecho de ser la Corporación una entidad de derecho privado como alega la demandante, ya que los fondos que maneja, son de origen público y éstos no pierden su característica de tal, por el traspaso que se hace de ellos a dicha institución”.
8) María Isabel Zwingel ingresó en 2008 a la Corporación de Desarrollo Social de Macul. En 2011, con solo tres años en su cargo, pactó una cláusula convencional por 11 remuneraciones a todo evento. Eso ocurrió un día antes que el alcalde Sergio Puyol (DC) dejara la municipalidad tras perder con su sucesor, Gonzalo Montoya (Ind). Zwingel alegó ante tribunales que no se le respetaron sus 11 años pactados, sino solo los ocho que trabajó. El tribunal no acogió su solicitud.
9) Pedro Páez Ceroni, el exvicepresidente de la UDI que socorrió a Jaime Guzmán el día que le dispararon en 1991, fue quien administró la Junta de Alcaldes, entidad que administra el Parque Padre Hurtado, durante 21 años. Esta corporación de derecho privado ha llegado a recibir subvenciones de hasta $6 mil millones anuales desde la Municipalidad de Las Condes. Si bien en su directorio participan también los alcaldes de La Reina y Providencia, Las Condes es la única que transfiere recursos. La Junta de Alcaldes firmó con esa municipalidad un convenio para, además de administrar el Parque Padre Hurtado, encargarse de la mantención de otros parques de Las Condes.
Según consta en la demanda laboral de Páez ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, desde su ingreso a la Junta de Alcaldes en 2001 mantuvo una cláusula convencional de pago de indemnización “a todo evento” que decía que se pagaría “un mes del total de la remuneración vigente por año de servicio”.
El directorio contrató a un abogado para defenderse en tribunales sobre la cláusula aludida. Porque de esa frase, Páez creía que le iban a pagar los 22 años que trabajó en el parque, mientras que las municipalidades interpretan que debe considerarse el límite de legal de 11 años. Páez sigue discutiendo ante tribunales que su finiquito no era de $52 millones, como se le pagaron, sino de cerca de $200 millones.
.jpg)
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario