Foto referencial.
En términos simples, el órgano contralor concluyó que la adjudicación del contrato a Servicios Gea Limitada era improcedente, debido a que la empresa incumplía un requisito esencial establecido en las bases de licitación. Asimismo, determinó que el decreto alcaldicio que aprobaba dicho contrato presentaba dos observaciones administrativas que impedían su toma de razón.
En consecuencia, la Municipalidad de Catemu deberá iniciar un nuevo proceso de licitación para la recolección de residuos sólidos domiciliarios.
A solicitud del Concejo Municipal, el director de SECPLAC, Nicolás Pereira, realizó una exposición detallando el origen del proceso, recordando que las bases de licitación obtuvieron toma de razón de Contraloría el 11 de noviembre de 2024 y que posteriormente la comisión evaluadora propuso adjudicar el contrato a Servicios GEA Limitada, decisión que fue aprobada por unanimidad por el concejo en abril de 2025.
El profesional explicó que la Contraloría tardó cerca de diez meses en emitir el oficio de representación, periodo durante el cual el servicio continuó ejecutándose para evitar una emergencia sanitaria en la comuna.
Respecto de las observaciones formuladas por el órgano contralor, Pereira señaló que estas apuntan principalmente a que la empresa ofertó remuneraciones inferiores al promedio exigido en las bases, que las bases administrativas omitieron establecer expresamente el promedio de referencia y las consecuencias de su incumplimiento, además de diferencias detectadas en el formulario de recursos humanos.
Asimismo, informó que una auditoría interna permitió constatar que la empresa también pagó remuneraciones inferiores a las comprometidas durante la ejecución del contrato.
Entre las medidas adoptadas por el municipio mencionó la auditoría al contrato, el inicio de un sumario administrativo mediante decreto alcaldicio, la invalidación de la adjudicación y la preparación de un trato directo transitorio mientras se desarrolla un nuevo proceso licitatorio.
El SECPLAC indicó que la contratación temporal se realizará mediante una cotización en Mercado Público por un plazo mínimo de 12 meses, privilegiando empresas con respaldo técnico y financiero, el pago íntegro de las remuneraciones, mantener la tarifa del servicio sin aumentos excesivos y procurar la continuidad laboral de ⁸al menos el 80% de los trabajadores.
Guillermo Vásquez cuestiona la falta de un documento que respalde el trato directo por 12 meses
El primero en intervenir fue el concejal Guillermo Vásquez, quien consultó por qué la Contraloría aprobó inicialmente las bases mediante toma de razón y posteriormente representó el contrato por observaciones vinculadas precisamente a esas mismas bases.
El abogado municipal Hugo López respondió que, de haber existido ilegalidades evidentes en las bases, estas no habrían obtenido toma de razón. Agregó que el municipio actuó conforme al procedimiento y que, una vez recibida la representación de Contraloría, correspondía iniciar el proceso de invalidación, el cual incluyó notificaciones y derecho a descargos para las empresas participantes.
Vásquez también consultó por las diferencias detectadas en las remuneraciones ofrecidas y las efectivamente pagadas por la empresa. En respuesta, Nicolás Pereira explicó que la Contraloría observó inicialmente el caso de los choferes, mientras que la auditoría posterior detectó pagos inferiores en los tres estamentos considerados en el contrato.
El concejal solicitó además conocer el documento donde, según lo informado por el municipio, Contraloría habría recomendado efectuar un trato directo por 12 meses. El SECPLAC aclaró que esa recomendación no consta en un documento formal, sino que fue planteada durante una reunión técnica sostenida con funcionarios del organismo contralor.
El primero en intervenir fue el concejal Guillermo Vásquez, quien consultó por qué la Contraloría aprobó inicialmente las bases mediante toma de razón y posteriormente representó el contrato por observaciones vinculadas precisamente a esas mismas bases.
El abogado municipal Hugo López respondió que, de haber existido ilegalidades evidentes en las bases, estas no habrían obtenido toma de razón. Agregó que el municipio actuó conforme al procedimiento y que, una vez recibida la representación de Contraloría, correspondía iniciar el proceso de invalidación, el cual incluyó notificaciones y derecho a descargos para las empresas participantes.
Vásquez también consultó por las diferencias detectadas en las remuneraciones ofrecidas y las efectivamente pagadas por la empresa. En respuesta, Nicolás Pereira explicó que la Contraloría observó inicialmente el caso de los choferes, mientras que la auditoría posterior detectó pagos inferiores en los tres estamentos considerados en el contrato.
El concejal solicitó además conocer el documento donde, según lo informado por el municipio, Contraloría habría recomendado efectuar un trato directo por 12 meses. El SECPLAC aclaró que esa recomendación no consta en un documento formal, sino que fue planteada durante una reunión técnica sostenida con funcionarios del organismo contralor.
Claudia Villar cuestionó demora en informar al Concejo
La concejala Claudia Villar calificó la situación como "gravísima" y sostuvo que existieron omisiones durante todo el proceso administrativo.
La edil afirmó que el municipio informó tardíamente al Concejo sobre el oficio emitido por Contraloría, señalando que el documento fue notificado en marzo, mientras que los antecedentes completos fueron entregados recién horas antes de la sesión del 8 de julio.
Además, planteó que el caso debía tratarse públicamente desde un comienzo y no únicamente en comisión, cuestionando también la actuación de las distintas unidades municipales encargadas del control del contrato y señalando que el sumario administrativo deberá determinar las responsabilidades correspondientes.
Villar también manifestó su preocupación por un eventual aumento en el costo del nuevo contrato y advirtió que ello no debe traducirse en un incremento de los derechos de aseo para los vecinos.
Sus declaraciones generaron un intercambio con el alcalde Rodrigo Díaz, quien rechazó que se insinuara un ocultamiento de información y sostuvo que el municipio siempre tuvo contemplado exponer públicamente el tema ante el Concejo.
Posteriormente, el SECPLAC aclaró que durante la comisión solo se analizó un eventual aumento del costo del contrato producto de variables económicas, como el valor de los combustibles, descartando que se hubiera señalado un aumento de los derechos de aseo para la comunidad.
La concejala Claudia Villar calificó la situación como "gravísima" y sostuvo que existieron omisiones durante todo el proceso administrativo.
La edil afirmó que el municipio informó tardíamente al Concejo sobre el oficio emitido por Contraloría, señalando que el documento fue notificado en marzo, mientras que los antecedentes completos fueron entregados recién horas antes de la sesión del 8 de julio.
Además, planteó que el caso debía tratarse públicamente desde un comienzo y no únicamente en comisión, cuestionando también la actuación de las distintas unidades municipales encargadas del control del contrato y señalando que el sumario administrativo deberá determinar las responsabilidades correspondientes.
Villar también manifestó su preocupación por un eventual aumento en el costo del nuevo contrato y advirtió que ello no debe traducirse en un incremento de los derechos de aseo para los vecinos.
Sus declaraciones generaron un intercambio con el alcalde Rodrigo Díaz, quien rechazó que se insinuara un ocultamiento de información y sostuvo que el municipio siempre tuvo contemplado exponer públicamente el tema ante el Concejo.
Posteriormente, el SECPLAC aclaró que durante la comisión solo se analizó un eventual aumento del costo del contrato producto de variables económicas, como el valor de los combustibles, descartando que se hubiera señalado un aumento de los derechos de aseo para la comunidad.
Concejala Isabel Salas: "Hubo una omisión o un error administrativo interno" y exige fortalecer controles tras cuestionada licitación de la basura
La concejala Salas manifestó su preocupación por las observaciones formuladas por la Contraloría Regional de Valparaíso al proceso de licitación del servicio de recolección de residuos domiciliarios, afirmando que el caso evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno del municipio.
Reconoció que el nuevo contrato ha significado una mejora en la calidad del servicio de recolección de basura, pero sostuvo que ello no impide reconocer las responsabilidades administrativas detectadas.
"Hay mejoras en el servicio de la recolección de basura, eso es innegable. Todo cambio al principio cuesta, pero fue para mejor. Sin embargo, también tenemos que resguardar el patrimonio municipal. Más allá de que la Contraloría advirtiera la situación diez meses después, aquí también hubo una omisión o un error administrativo interno y esas cosas tenemos que ser capaces de reconocerlas", señaló.
Salas insistió en que el municipio requiere fortalecer las auditorías de control interno para prevenir este tipo de situaciones antes de que deriven en observaciones de los organismos fiscalizadores.
"Voy a seguir insistiendo en ese proceso, porque las auditorías de control ayudan al mejor manejo del patrimonio municipal y también al desarrollo profesional de los propios funcionarios y funcionarias. Son un resguardo", afirmó.
La concejala también manifestó su preocupación por las consecuencias económicas que podría generar el término anticipado del contrato, recordando que una contratación directa suele implicar mayores costos.
"Espero que no sea el caso y que no se afecte el bolsillo de la comuna de Catemu", indicó, aludiendo a la posibilidad de que una contratación transitoria encarezca el servicio.
Finalmente, Salas expresó su inquietud por la situación de los trabajadores que actualmente prestan funciones en la empresa de recolección de residuos y reiteró que existen responsabilidades funcionarias que deben esclarecerse.
"Voy a insistir en la importancia de las auditorías y de los controles preventivos", concluyó la edil.
Abogado Hugo López y SECPLAC Nicolás Pereira.
Riesgo de acciones judiciales
Durante el debate, Guillermo Vásquez consultó por la posibilidad de que la empresa interponga acciones legales contra el municipio.
El abogado Hugo López respondió que siempre existe la posibilidad de que una empresa judicialice el conflicto si estima que tiene fundamentos, aunque aseguró que la Municipalidad actuó conforme a las instrucciones impartidas por Contraloría.
Más adelante, la concejala Isabel Salas consultó específicamente si la empresa ya había presentado recursos administrativos. López informó que no interpuso reposición dentro del plazo legal, aunque posteriormente presentó un reclamo de ilegalidad administrativa, el cual aún se encuentra pendiente de respuesta por parte del municipio.
Durante el debate, Guillermo Vásquez consultó por la posibilidad de que la empresa interponga acciones legales contra el municipio.
El abogado Hugo López respondió que siempre existe la posibilidad de que una empresa judicialice el conflicto si estima que tiene fundamentos, aunque aseguró que la Municipalidad actuó conforme a las instrucciones impartidas por Contraloría.
Más adelante, la concejala Isabel Salas consultó específicamente si la empresa ya había presentado recursos administrativos. López informó que no interpuso reposición dentro del plazo legal, aunque posteriormente presentó un reclamo de ilegalidad administrativa, el cual aún se encuentra pendiente de respuesta por parte del municipio.
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