19 de Octubre de 2026
Por SoyAntofagasta
Por su presunta participación en la apropiación indebida de más de $471 millones, la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó este lunes a Alberto Larraín Salas, director ejecutivo de la Fundación Procultura, y a María Constanza Gómez Cruz, gerente y representante legal de la entidad, en una nueva arista de la investigación vinculada a los recursos aportados por la empresa Anglo American.
La audiencia se desarrolló ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde el fiscal Cristian Aguilar Aranela comunicó a ambos imputados que son investigados como presuntos autores del delito reiterado y consumado de apropiación indebida.
Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, entre 2021 y 2023 Anglo American suscribió cinco convenios con la fundación para financiar iniciativas culturales en las comunas de Rinconada, Catemu, Llay Llay y Nogales, además de un programa de bienestar y salud mental perinatal en Tiltil.
Los acuerdos establecían que el dinero debía utilizarse únicamente para ejecutar las iniciativas comprometidas. Asimismo, exigían la presentación de informes de gestión, rendiciones de cuentas y productos que acreditaran el desarrollo de los proyectos, junto con mecanismos de supervisión y verificación por parte de la empresa que aportó los recursos.
Sin embargo, la investigación sostiene que la fundación no habría acreditado debidamente la ejecución de las actividades mediante la documentación y los productos exigidos, además de mantener recursos sin rendir en su totalidad.
Ante estos incumplimientos, en mayo de 2024 Anglo American notificó el término inmediato de los cinco convenios y posteriormente presentó una querella para perseguir eventuales responsabilidades penales.
De acuerdo con la imputación, pese a la finalización de los acuerdos y las solicitudes efectuadas, los fondos no fueron devueltos. La Fiscalía sostiene que el dinero habría sido utilizado para propósitos diferentes de los establecidos originalmente, ocasionando un perjuicio económico de $471.554.412.
Medidas cautelares y plazo de investigación
Tras la formalización, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó para ambos imputados las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre sí.
Asimismo, se estableció un plazo de 80 días para el desarrollo de la investigación.
Esta causa corresponde a la cuarta arista del caso Procultura que la Fiscalía Regional de Antofagasta lleva a una audiencia de formalización ante distintos tribunales del país.
Anteriormente, el organismo persecutor formalizó investigaciones correspondientes al Gobierno Regional Metropolitano, con cinco imputados; Biobío, con dos; y Minvu-Gore Antofagasta, también con dos personas imputadas.
En estas tres aristas anteriores participa el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en calidad de querellante.
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