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24 Febrero, 20260
El magistrado Julio Fuentes Calderón explicó que la medida se originó tras reiteradas solicitudes de antecedentes por parte del tribunal, sin que inicialmente se obtuviera respuesta.
“La parte ejecutante pidió información al GORE de Valparaíso acerca de estados de pago que esta empresa tuviera a favor del GORE, para hacerse efectivo el pago en contra de esos estados de pago. Se pidió la información y no hubo respuesta; después se pidió cuenta nuevamente, tampoco hubo respuesta oportuna”, detalló el juez.
Ante esa omisión, la parte ejecutante solicitó la aplicación del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, que faculta al tribunal para decretar medidas de apremio —como multa u orden de arresto— cuando no se cumple lo ordenado judicialmente.
“Eso es el motivo por el cual se dictó esa orden de arresto, que es un apremio. No hay aquí involucrado ningún delito ni falta de parte del GORE, sino que es una medida de apremio procesal para que la parte que no está cumpliendo cumpla lo ordenado por el tribunal”, aclaró Fuentes.
Según informó el magistrado, el Gobierno Regional entregó la información requerida el 23 de febrero, por lo que el 24 de febrero la orden fue dejada sin efecto por haberse cumplido lo ordenado.
No existía riesgo inmediato de detención
El juez precisó además que la orden de arresto no implicaba una detención inmediata del gobernador. Para que esta se hiciera efectiva con apoyo de Carabineros de Chile, debía notificarse previamente mediante receptor judicial, trámite que aún no se concretaba.
“La notificación no se había producido hasta la fecha, por lo tanto no se iba a producir una detención en el corto plazo. Como cumplió antes de que se notificara, no hubo necesidad de despachar los oficios a Carabineros para hacer efectivo el arresto”, explicó.
GORE actuaba como tercero en la causa
El magistrado subrayó que el Gobierno Regional no mantiene deuda laboral ni es parte demandada en la causa, sino que figura como tercero respecto de eventuales pagos pendientes a favor de una empresa deudora.
En este tipo de procedimientos, cuando una institución pública o privada mantiene pagos pendientes con una empresa que adeuda obligaciones laborales, el tribunal puede ordenar el embargo de esos montos para destinarlos al pago del trabajador acreedor.
“No es el caso aquí, porque el GORE informó que no tenía pagos pendientes con esta empresa. Lo que se le estaba pidiendo era cierta información y había sido, podríamos decir, lento en contestar esa información”, concluyó el magistrado.
Con la entrega de los antecedentes requeridos, la medida de apremio quedó sin efecto y la causa continúa su tramitación regular ante el tribunal.
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